Como es de dominio público, el viernes de la semana pasada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó el Paquete Económico 2025 al Congreso de la Unión y, con ello, la propuesta de presupuesto para el próximo año.
Múltiples análisis explican cómo, para el 2025, el Gobierno Federal busca disminuir ligeramente el gasto y contener el crecimiento de la deuda, lo que significa reducir el déficit fiscal. De igual manera, se ha destacado el incremento de 12.7 por ciento en los programas sociales prioritarios para la actual administración.
A pesar de que está en puerta una propuesta de reforma para desaparecer a ciertos organismos autónomos, entre ellos, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Secretaría de Hacienda sí los consideró a nivel presupuestal. De mantenerse, al INAI serían asignados 993 millones 990 mil 582 pesos, que fue exactamente la cantidad analizada y aprobada por el Pleno de este instituto.
Por otra parte, las comisionadas y el comisionado hicimos una propuesta a la titular de la Secretaría de Gobernación hace unas semanas para mantener la operación del instituto solo con 762 millones de pesos (30.5 por ciento menos que el presupuesto asignado en 2024). Yo misma he impulsado desde hace años una reingeniería para recortar gastos y optimizar funciones sin perder autonomía ni eficiencia.
Los 993 millones que tentativamente se darían al INAI para el 2025 significan una disminución de 9.42 por ciento respecto al 2024, monto que representó 8.7 pesos al año por persona o 0.72 centavos al mes. Cabe mencionar que, del 2018 a la fecha, el INAI no ha tenido un incremento presupuestal de impacto. En millones de pesos, los recursos de los últimos seis años se han distribuido de esta manera: en 2018, mil 98; en 2019, 900; en 2020, 877; en 2021, 905; en 2022, 982; y en 2023, mil 47.
Considerando la inflación –que de 2018 a 2023 fue de 24%–, el INAI presentó una disminución en su presupuesto de 22.9% por ciento en términos reales en esos cinco años. Es decir, la variación en el presupuesto recibido no corresponde con el incremento inflacionario, lo que se traduce en menos recursos. Sin embargo, las quejas interpuestas ante el instituto –cuando las autoridades no transparentan información o vulneran datos personales–, las solicitudes de información y de datos personales han crecido cinco veces más desde 2003, así como el número de sujetos obligados.
Es clave mencionar que la existencia del INAI no es excluyente ni se contrapone con una propuesta gubernamental enfocada en la austeridad, el bienestar y la justicia social.
Desde mi perspectiva es trascendental la subsistencia de un instituto con autonomía e independencia para defender los derechos a conocer información pública y a la protección de la privacidad, se llame como se llame. Además, la iniciativa de reforma debe considerar los vacíos que se han señalado, como la gestión y protección de la Plataforma Nacional de Transparencia, los datos personales en posesión de particulares, entre otras cuestiones.
Esta semana será decisiva para conocer si se robusteció la iniciativa y los transitorios y ya en la discusión de la Cámara de Diputados conocer si existen reservas. Aún falta un camino, pero ello no será obstáculo para seguir explicando y difundiendo la importancia de estos derechos, en un esquema autónomo y de organismo descentralizado, pero no siendo juez y parte.
La Plataforma Nacional de Transparencia es todo un tema por la cantidad millonaria de archivos que contiene de más de 7 mil autoridades del país, y solo lo que le correspondería al Poder Ejecutivo son 270 entes.
Tocará esperar esta semana para conocer el debate cuando se suba a votación, estar al pendiente de las posturas, porque así se defiende que se conozca todo sobre el actuar de servidores públicos y el cuidado de tus datos personales.
