La semana pasada, la Secretaría de Hacienda (SHCP) presentó el paquete fiscal para el año próximo. Creo que, en general, tiene aspectos positivos. El primero es que hay una consolidación fiscal: se propone reducir el déficit desde alrededor del 6 por ciento del PIB en que cerrará este año a un 3.9 por ciento a fin de 2025. Es importante que las autoridades reconozcan que no se podía continuar por el camino de tener déficits tan elevados, pues resultaría eventualmente en una trayectoria no sostenible de la deuda pública. También es positivo que no se haya propuesto reducir el déficit a niveles de 3 por ciento del PIB en un sólo año, pues eso hubiese tenido serios efectos negativos sobre el crecimiento (la reducción propuesta también los tendrá, pero menores). Hay espacio para hacer una consolidación fiscal gradual y es apropiado utilizarlo, sobre todo, en un contexto donde la economía podría estar creciendo por debajo de su potencial.

Ahora bien, una crítica al presupuesto presentado es que asume un crecimiento de la economía para 2025 de entre 2 por ciento y 3 por ciento, que es más alto de lo que espera el promedio de analistas (1.2 por ciento) y el Fondo Monetario Internacional (1.3 por ciento). Es posible que la SHCP esté en lo correcto y que los analistas fallemos (como ocurrió en el año 2023). Pero también es factible que el consenso de analistas tenga un mejor pronóstico que la secretaría, como cuando SHCP pronosticó que este año la economía crecería 2.4 por ciento, lo cual ya parece imposible. Si comienza a haber evidencia de que el crecimiento será más cercano a lo que esperan los analistas, el gobierno deberá decidir entre reducir todavía más el gasto o tener un déficit más alto: si el crecimiento es de 1.2 por ciento, el déficit podría ser de entre 4.2 por ciento y 4.5 por ciento del PIB. Si bien esto no representaría un nivel que debe causar preocupaciones, el gobierno podría perder algo de credibilidad.

Pero más allá de la coyuntura fiscal del año entrante, me parece claro que México tiene una debilidad recaudatoria estructural. Nuestro país tiene la recaudación fiscal más baja (24 por ciento) de todos los países de la OCDE. Pero además se compara mal con las principales economías de Latinoamérica: Brasil (40 por ciento), Argentina (34 por ciento), Colombia (30 por ciento). No solamente la recaudación fiscal es baja, sino que la discrecionalidad para ejercer el gasto es cada vez menor. Los conceptos ineludibles que el gobierno tiene que erogar, a saber, servicio de la deuda, pago de pensiones y transferencias a gobiernos subnacionales, representan dos terceras partes del gasto total. Es decir, el espacio fiscal con que cuenta el gobierno para todas sus demás funciones (seguridad, educación, salud, programas sociales, etc.) es solamente una tercera parte del presupuesto total, equivalente a un 7 por ciento del PIB. Por más que se hagan algunos esfuerzos de consolidación, mientras no se ataque este problema, México no podrá tener los niveles de salud y educación, ni la infraestructura necesarios para erradicar la pobreza y dejar de ser un país en desarrollo.

Me parece que para enfrentar este problema estructural hay que trabajar en dos vías. La primera es aumentar la recaudación. Aquí se pueden implementar varias medidas como aumentar la progresividad del impuesto sobre la renta, eliminar la tasa 0 por ciento del IVA en alimentos y medicinas y mejorar el pacto fiscal con estados y municipios. Pero la principal medida para aumentar la recaudación debería ser reducir la informalidad. No se podrán tener niveles de ingresos fiscales adecuados, mientras dos terceras partes de las empresas que operan en la economía sean informales.

La segunda vía es cambiar el modelo de negocios de Pemex. Hace diez años, la renta petrolera le representaba al Estado 4.2 por ciento del PIB. Al cierre del año pasado fue de solamente 0.2 por ciento. Gracias al enorme endeudamiento en que incurrió la empresa en los primeros años de la administración de Peña Nieto, al apostar a la refinación (que es en la actividad en donde pierde más dinero) y al cerrar las puertas a la inversión privada, se han perdido 4 puntos del PIB en ingresos. Si se sigue por el mismo camino, se perderá todavía más.

México no podrá perseguir una agenda progresista si no se resuelve el problema de la baja recaudación.