El Ejecutivo presentó ante el Congreso los Criterios de Política Económica para 2025, que presentan las metas en materia de ingreso y gasto, así como los indicadores macroeconómicos que guían sus decisiones. Como se esperaba, es un presupuesto menor en 3.3 por ciento en términos reales que el de 2024. Lo anterior se debe a dos factores: uno, la necesaria reducción del déficit público, que de no disminuir pone al país en riesgo, y porque además, no hay ingresos suficientes para mantener un gasto público alto e improductivo.
Las megaobras consumieron buena parte de la inversión pública, triplicaron su costo, no se han terminado y necesitan de subsidios para operar. Creció en 131 por ciento el apoyo a subvenciones sociales. A Pemex y CFE se le dedicaron miles de millones y no reportaron recuperación. Se acabaron todos los fondos públicos etiquetados a través de 109 fideicomisos para atender diversas actividades, como la estabilidad económica, desastres naturales, cultura, infraestructura, deporte de alto rendimiento, ciencia y tecnología, cine, migrantes, y una serie de servicios que teóricamente pasaron a las secretarías, sin recursos. Se gastó a manos llenas, se paga la deuda de un nuevo aeropuerto que no se construyó. Creció el endeudamiento público a más del 50 por ciento del PIB. Así que dinero no hay en las arcas públicas.
La Secretaría de Hacienda dice que el crecimiento será de 2 por ciento a 3 por ciento, pero la mayor parte de las calificadoras y organismos internacionales esperan de 1 por ciento a 1.2 por ciento, siempre que se mantenga el flujo de inversión. Y ahí está el problema. El gobierno pidió autorizar una deuda de 1.8 billones de pesos, con lo cual, esta se estima en 50.9 por ciento del PIB. Dice que el 66 por ciento de los ingresos provendrán de recaudación de impuestos y derechos, incluidos ISR, IVA, Pemex, derechos y no petroleros. Pero ya Moody’s bajó la calificación de México de estable a negativa por los riesgos percibidos. Estos se refieren a la reforma al Poder Judicial que acaba con la certeza jurídica, y a la violencia e inseguridad que imponen los grupos delincuenciales que cobran derechos de piso, extorsionan, amenazan y asesinan, imponiendo nuevos pagos ilegales para los inversionistas. Así que los flujos de inversión pueden ser menores a lo calculado por Hacienda y se requerirán recortes presupuestales.
Para bajar el gasto, y por ende el déficit público, se realizan recortes sin sentido social en los igualadores más importantes, que son la salud y la educación. No hubo criterios de rentabilidad social, solo se sigue la lógica electoral de las transferencias. Sin duda, las dádivas han ayudado a las familias y ha crecido el mercado interno, pero no es una solución a la pobreza, ni a las causas que la provocan. Pese a las becas, la deserción escolar sigue al alza. Aún con las ayudas a adultos mayores, México perdió 10 años en el promedio de vida de la población. Ya no existe un sistema de salud. No hay médicos, ni medicinas, no hay cirugías por falta de insumos básicos.
Pese a las promesas de Claudia Sheinbaum, el recorte a la salud fue de 30 por ciento. Entre los más preocupantes está el aplicado al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, encargado del Programa Nacional de Vacunación. Su presupuesto, pese a que Sheinbaum prometió mejorar el acceso a las vacunas, fue 68 por ciento menor. Bajó de 14 mil 121 millones en 2024 a 4 mil 657 millones para 2025. Expertos señalan que seis de cada 10 niños no cuentan con el esquema completo de vacunación. No se garantiza a la niñez y la adolescencia una vida plena.
Un país sin salud está condenado a bajar sus niveles de bienestar y de oportunidades. Los recortes aplicados a educación afectaron a la UNAM y al Politécnico Nacional, afortunadamente se corrigió. Pero buena parte del gasto en educación superior se orienta a universidades “patito” que engañan a los estudiantes, porque ni siquiera tienen plantilla de profesores. El recurso público debería canalizarse solo a las instituciones de educación superior afiliadas a la ANUIES.
Sigue el flujo de recursos a Pemex, a CFE y a proyectos inviables. Se plantea que el dólar tendrá un valor de 19.7 pesos al finalizar el año y que la inflación se mantendrá en un 3.5 por ciento. Estas metas, aunque deseables, no son creíbles, porque sin flujo de capitales, sin inversiones, se encarecerán productos y el peso frente a un dólar fortalecido no puede recuperarse tan fácilmente.
Estamos ante una propuesta responsable en el sentido de bajar déficit y no aumentar la deuda, además de controlar la inflación. Pero el problema es cómo nos miran los mercados y la falta de confianza en el país por la falta de legalidad y certeza ante la centralización del poder y el crecimiento de la criminalidad. No es fácil que lleguen flujos de inversión importantes. Con un personaje que constantemente amenaza a México como Trump, y con el distanciamiento con Canadá por no atender sus denuncias, México enfrentará en condiciones adversas la nueva relación con EU, así como un contexto muy complicado en la revisión del T-MEC.
Lo presentado al Congreso es muy optimista. Ojalá el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pueda superar el reto, cuente con los instrumentos necesarios, aguante las presiones y responda con éxito al manejo de una economía que requiere de una disciplina fiscal. Ojalá Claudia Sheinbaum entienda a los mercados y aplique políticas que subsanen los riesgos que hoy presenta el país. México entra a una nueva etapa de su historia y, guste o no, formamos parte de un proceso de globalización y de integración regional que sostiene nuestro desarrollo. El reto sigue siendo la pobreza y la desigualdad que no se resuelve con dádivas.
