Los cambios legislativos de los últimos meses y las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, en que le dan supremacía al Ejecutivo y al Congreso sobre el Poder Judicial que perdió su capacidad de contrapeso, aunado a muchas otras reformas realizadas y otras que están en proceso, constituyen cambios profundos de los referentes del país: éramos ciudadanos, ahora somos pueblo. Esta sí es una transformación histórica, que se puede resumir en que hemos dejado de ser ciudadanos con derechos efectivos que no dependen de la voluntad del líder, sino de la Constitución, para convertirnos en sujetos dependientes de la voluntad de los gobernantes.
Los pilares de nuestra democracia se han resquebrajado: pérdida de la división de poderes y en particular de la independencia del Poder Judicial que garantiza la Constitución y el Estado de derecho, pérdida de libertades y de derechos debidamente garantizados como el derecho a la información pública y a la libertad de expresión, cambio de régimen político en donde México ya no es, siquiera, una democracia emergente. El voto de los ciudadanos como camino cierto para elegir a los gobernantes está comprometido.
Estas modificaciones nos han transformado a los ciudadanos en pueblo, esa masa amorfa sin derechos garantizados que eligen a mano alzada en asambleas o encuestas a modo, en el mejor de los casos. O cuando se supone se podrá elegir, como los jueces y magistrados, habrá que escoger de candidatos previamente avalados por el Congreso (Morena) y por el Ejecutivo (Morena). Y cuando vengan elecciones generales, no será una contienda pareja, ni el árbitro será imparcial. El árbitro electoral y el Tribunal han sido incapaces de detener una elección de Estado y quedaron absorbidos por el partido en el poder, tal como quedó de manifiesto en la declaratoria de la supermayoría legislativa para Morena y sus aliados con la posibilidad de cambiar la Constitución, cuando apenas obtuvieron 54 por ciento de los votos.
El instrumento que teníamos para castigar o premiar a quienes gobernaban era el día de las elecciones. Hoy, en la práctica, nos han despojado de ese derecho. Así están quedando las leyes reformadas por Morena y sus aliados.
El calibre del garrote para los opositores también aumentó considerablemente, a pesar de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Custodiarán nuestros datos personales. Además, en lugar de restringir la prisión preventiva, ahora han aumentado las causales por las que una persona sospechosa de una variedad de delitos, sin prueba alguna, puede ser encarcelada sin que medie un juez de instrucción. De facto, todos somos sospechosos de violar la ley y, por tanto, de ser encarcelados, hasta demostrar nuestra inocencia.
Hoy los antiguos ciudadanos somos pueblo y el partido en el poder es autoridad absoluta. No hay manera efectiva de defendernos contra arbitrariedades o ilegalidades que puedan cometer las autoridades, so pena de ser encarcelados de manera inmediata, sin pruebas ni juicio. Parece exagerado, pero está en la ley. Huele a la doctrina Bukele.
Por la misma razón, ya no hay manera de exigir cuentas a nuestros gobernantes. ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo? ¿A título de qué, si hemos perdido nuestra capacidad de ‘castigo’ a los malos gobernantes? ¿Por qué la autoridad estaría dispuesta a rendir cuentas, si con la ‘información’ que se presenta en la mañanera es más que suficiente? ¿Será por eso que la información fidedigna es cada vez más escasa? Ya hay evidencia de que información oficial está siendo ‘cuchareada’, o ha desaparecido, o ha dejado de ser de ‘interés nacional’ por decisión del gobierno y beneplácito del INEGI, como en el área educativa, o de seguridad o ambiental. Sí, ya surgen dudas sobre la confiabilidad de información oficial.
Creo que debemos aceptar que estamos en un nuevo régimen político que se ha distanciado de un régimen medianamente democrático del que gozábamos. Cuando los malos resultados sean evidentes, como por ejemplo la pérdida del grado de inversión por una agencia calificadora, o la caída de la inversión por el deterioro en nuestro Estado de derecho y otras políticas que merman la confianza, o el aumento de la incidencia del cáncer intrauterino por no haber vacunado en su momento a la mitad de la población objetivo, apenas podremos anotar los hechos y dar algunas explicaciones sobre el porqué están sucediendo. Los ciudadanos, las organizaciones civiles, los activistas y la sociedad en general podremos hacer mucho ruido, incluso marchar en las calles y llenar el Zócalo, pero no podremos exigir que algo ocurra para remediarlo. Ni siquiera en las siguientes elecciones, porque estarán amañadas y cargadas, y declaradas legales por un tribunal electoral a modo.
Hay más transformaciones de fondo, como la pérdida de instrumentos para evaluar la política educativa y la social al desaparecer el INEE y ahora el Coneval, o la próxima eliminación de los diputados y senadores plurinominales, con lo que se reducirá al mínimo la oposición minoritaria en el Congreso. Todas ellas son parte del mismo paquete: silenciar a los críticos y reducir a la irrelevancia a quienes no estén de acuerdo con el gobierno en turno, restarles derechos y poner encima una espada de Damocles para ser utilizada a conveniencia. De ser ciudadanos, nos han convertido en pueblo. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo reaccionar ante esta realidad y recuperar nuestra ciudadanía plena?
